Tercer Año
MES DE MAYO-JUNIO
Trabajo Práctico N°2
TEMA: "LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL TERRITORIO DE ARGENTINA".
LA FORMA REPRESENTATIVA, REPUBLICANA Y FEDERAL
Leer el siguiente texto y luego resolver los puntos que se encuentran debajo:
La organización política de la Argentina.
Todos los Estados, al organizarse, deben establecer una forma de gobierno. LA argentina presenta una forma representativa, republicana y federal en sus distintos niveles de gobierno. A su vez, nuestro país se relaciona con otros Estados, y con algunos, forma bloques regionales, como el Mercosur. La forma de gobierno de la Argentina. La forma de gobierno de nuestro país es representativa, republicana y federal. Por lo tanto, existen hasta tres niveles gubernamentales: el nacional, el provincial y el municipal. Cada uno de ellos tiene funciones específicas e influye enormemente en la forma de utilizar y administrar el territorio, así como en la manera de apropiarse de este.
Gobierno representativo, republicano y federal.
De acuerdo con la Constitución nacional, la Argentina tiene una forma de gobierno que es republicana, representativa y federal. El hecho de ser republicana implica tres cuestiones fundamentales: La soberanía recae en el pueblo. Son los ciudadanos los que pueden decidir el rumbo que debe tomar el país a través de sus representantes.
Los funcionarios deben hacer que sus decisiones sean públicas. Esto significa que se deben documentar los actos que celebren los funcionarios públicos y que esa información debe ser fácilmente accesible. La organización política y administrativa está regida por la carta constitucional.
Se deben respetar los preceptos establecidos en la Constitución Nacional. Ninguna normativa nacional, provincial o municipal puede contradecir la Constitución, así como tampoco ninguna decisión judicial ni decreto.
Uno de los aspectos más importantes que determina la Constitución es que las funciones de gobierno se dividen en el poder ejecutivo, que se encarga de tomar las decisiones e implementar las leyes, el legislativo, que elabora las leyes, y el judicial, que dirime los conflictos entre las personas o los organismos. Por su parte, al ser un gobierno representativo, los ciudadanos tienen el derecho y el deber de elegir a sus mandatarios (presidente, gobernador, jefe de gobierno o intendente, según el caso), así como a sus representantes legislativos (los legisladores del Congreso Nacional y de las otras legislaturas). Esto es relevante puesto que los funcionarios llevan a cabo las decisiones según los intereses del pueblo. También influyen en el manejo del territorio de diversos modos; por ejemplo, cuando votan a favor de la construcción de una autopista o una represa hidroeléctrica. Por último, es un gobierno federal (la Argentina adhiere a la doctrina del federalismo) ya que las provincias mantienen su autonomía y solo delegan al Estado nacional las atribuciones necesarias para el funcionamiento integrado del país.
Las responsabilidades compartidas y específicas.
Al adherir a la doctrina del federalismo, nuestro país cuenta con tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. Todos ellos tienen distintas potestades sobre su jurisdicción y pueden tomar decisiones que se plasmen en el territorio. Distintos niveles de gobierno. De la doctrina del federalismo se desprende que en cada territorio funcionan distintos niveles de gobierno: el nacional, el provincial y el municipal. La Constitución Nacional reconoce a las provincias como unidades territoriales autónomas e independientes entre sí. Por eso estas tienen el derecho de decidir cómo organizar sus funciones y su territorio. De esta forma, pueden sancionar su propia constitución, leyes y códigos de procedimiento, siempre y cuando no contradigan los preceptos de la Constitución Nacional. Las provincias establecen también formas de gobierno local, los municipios, que se ocupan de garantizar el buen funcionamiento del territorio que comprenden; por ejemplo, contratan a una empresa para que realice el barrido y la limpieza de la ciudad o que arregle las veredas. Los criterios para definir los municipios son diferentes en cada provincia. En algunos casos, los límites de los municipios coinciden con los de los departamentos, que son divisiones establecidas por las provincias para llevar a cabo los censos y las votaciones, y para descentralizar sus funciones gubernamentales. Además, algunas provincias establecen otras formas de organización local, como las comunas, las comunas rurales y las juntas de gobierno. En general, estas administran las localidades más pequeñas o de los poblados rurales. Por ejemplo, en Santa Fe, las localidades de menos de 10.000 habitantes se organizan en comunas independientes, cuyas autoridades son elegidas por los propios habitantes. Conocer los distintos niveles de gobierno que controlan un territorio permite comprender qué políticas se llevan a cabo ahí. Por ejemplo, puede haber una ley provincial que permita realizar determinadas actividades a los costados de un río, y que a la vez exista un decreto municipal que prohíba esas actividades en el tramo del río que pasa por una localidad. También puede suceder que en una región se construyan obras de infraestructura con capitales del Estado nacional, que busca fomentar el desarrollo económico de las provincias.
Las atribuciones de los distintos niveles de gobierno
Atribuciones de las provincias: Dictar su Constitución y sus leyes, modificarlas o derogarlas. Crear instituciones públicas locales para regir a su pueblo. Elegir a sus representantes sin la intervención del Gobierno federal. Crear regiones para el desarrollo económico y social. Administrar los recursos naturales de su territorio. Celebrar tratados interprovinciales y convenios internacionales. Promover la seguridad social y la generación de empleo. Administrar las tierras provinciales. Contraer préstamos con entidades nacionales e internacionales. Atribuciones de la Nación Regular el comercio entre provincias y con naciones extranjeras. Establecer políticas para el desarrollo equilibrado de las provincias. Gestionar la navegación de los ríos y cuerpos de agua. Habilitar puertos. Establecer aduanas. Acuñar moneda y emitir billetes. Regular la ciudadanía y naturalización de sus habitantes. Establecer derechos de exportación e importación. Administrar las tierras nacionales. Contraer préstamos con entidades nacionales e internacionales. Definir los límites de la Nación y los de las provincias. Proveer seguridad en las fronteras Declarar el estado de sitio en caso de conmoción interior. Atribuciones compartidas. Promover la actividad industrial. Favorecer la inmigración. Construir ferrocarriles y vías navegables. Promover la prosperidad económica de las provincias. Garantizar el bienestar de los habitantes. Fomentar la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura. Establecer impuestos. Garantizar que se respeten las propiedades de las comunidades indígenas y regular la entrega de otras tierras aptas y suficientes. Asegurar que las comunidades indígenas sean incluidas en la toma de decisiones sobre recursos naturales y otros asuntos de interés. Asuntos interjurisdiccionales. Cada nivel gubernamental tiene atribuciones propias, a la vez que comparte otras con los demás niveles. Esto, sumado al hecho de que puede haber desacuerdos políticos entre ellos, puede generar confli
TeC En busca de soluciones
Algunas veces hay funciones que solo le corresponden a un nivel de gobierno y que, por tanto, no pueden transferirse o delegarse. En consecuencia, resulta bastante claro el poder que tiene cada uno, así como sus derechos y obligaciones. Sin embargo, también hay atribuciones compartidas, lo cual hace difícil comprender qué tareas debe desempeñar cada uno y en qué contexto. Además, no siempre resulta tan evidente hasta qué punto puede decidir cada nivel de gobierno sin afectar las potestades del otro. De este modo, es muy frecuente que las atribuciones se solapen y se produzcan conflictos. Muchas veces, las disputas se extienden más allá de los límites administrativos y terminan por involucrar a más de un municipio o provincia. Esto frecuentemente se acentúa cuando alguna de las unidades administrativas tiene más poder que la otra. Es posible que haya disparidades políticas entre los representantes de los distintos niveles de gobierno. Por ejemplo, el presidente de la Nació y los gobernadores provinciales pueden ser de distintos partidos políticos o, aunque pertenezcan al mismo, mantengan visiones diferentes de cómo encarar cierto tema. Esto puede dificultar la toma de decisiones conjunta debido a que se requiere de la voluntad y cooperación de ambos. Para resolver los asuntos interjurisdiccionales se puede recurrir a diversos mecanismos. En algunos casos, se arman círculos de debate en los que participan distintos actores interesados. En otros, se puede llegar a la justicia y que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de la provincia la que dirima esas cuestiones. No obstante, también es posible que los distintos niveles de gobierno actúen en forma coordinada. En esos casos, en lugar de haber competencias o conflictos entre los distintos organismos, se dan relaciones de complementariedad.